Poca imaginación, desigualdad, desgaste existencial... ¿Qué nos dice la crisis de la vivienda más allá de la vivienda?

Falta de imaginación, un pensamiento castrado, segmentación social, confusión de conceptos, desgaste existencial… Como en una construcción abandonada que ha sido colonizada por la vegetación, la crisis de acceso a la vivienda extiende sus ramificaciones mucho más allá de las paredes de cada casa. De ello dan cuenta las reflexiones de ocho expertos de distintos campos con los que ha contactado EL PAÍS. Lo que sigue es un resumen de ocho conversaciones, mantenidas en las últimas semanas, con la misma pregunta de partida: ¿Qué dice de nosotros la crisis de la vivienda? Un adelanto: las respuestas no solo hablan de nosotros mismos, sino de la sociedad, de nuestra manera de pensar, de la gestión (y la responsabilidad) política, e incluso de las lavadoras...

Segregación espacial

La principal preocupación de Ricardo Méndez, geógrafo y antiguo investigador del CSIC, al observar la evolución reciente del mercado inmobiliario es “la extensión de espacios de exclusión”. Se refiere a las partes de las ciudades que, por los precios inmobiliarios prohibitivos, acaban quedando vedadas para algunos grupos de población. “En esta crisis hay un componente territorial que no es banal porque afecta a aspectos de la vida de las personas y de la sociedad”, afirma.

“La segmentación territorial también es social, ambas cosas van de la mano”, agrega el geógrafo, quien alerta de que el enquistamiento de la situación “implica una deslegitimación de las políticas que no son capaces de confrontar esa tendencia”. Para Méndez, el problema de muchos para encontrar una casa también nos habla de la “financiarización” que ha sufrido la vivienda: “Los operadores del mercado se han orientado más por la lógica financiera actual de obtener rentas que hacia la producción”. Por eso ve “necesario” arbitrar “medidas de actuación del poder público para paliar las debilidades que genera el mercado”.

Incapacidad de pensar en el futuro

El filósofo José Carlos Ruiz, profesor en la Universidad de Córdoba, no tiene duda de que hablar de vivienda es hacerlo de “un fracaso colectivo”. Ese fallo, prosigue, “tiene que ver con la crisis de identidad de los jóvenes” porque “la incertidumbre constante lleva a un desgaste existencial y la existencia queda desarraigada”. “Si la vivienda es un bien de mercado, al individuo lo deshumanizas al mercantilizar la vivienda de manera extrema”, explica.

De fondo, analiza el pensador, lo que subyace es “una crisis ética” en la que “la sociedad ha roto el deber de acogida porque hay personas que no tienen dónde vivir”. Eso “erosiona el principio de responsabilidad hacia el otro” y deriva en otra crisis; esta vez “del sentido de comunidad y de lo común”. Para Ruiz, el “cansancio existencial al que todos estamos sometidos” acaba por infiltrarse en todo el sistema económico (“si precarizas obligas a aceptar determinadas condiciones laborales”) y político: “La posverdad [es decir, la mentira] se infiltra bien en las estructuras sociales por ese cansancio”.

La sombría perspectiva se completa con una incapacidad para pensar más allá del presente. “Me interesa mucho la idea de futuro porque si no sabes dónde vas a caer muerto, el futuro se convierte en algo cortoplacista”, explica el filósofo. “La vivienda cercena la categoría de futuro y no te deja proyectar, que es algo que forma parte de la esencia humana”, concluye.

Una responsabilidad asimétrica

La crisis actual de vivienda “nos dice un montón de cosas”, lanza de entrada la politóloga Cristina Monge. Para ella, “el cortoplacismo de la política ha impedido hasta ahora que el problema se ponga como prioridad, porque por bien que lo hagas los resultados se ven al menos pasados 10 años”. Y esto remite de alguna manera a “la dificultad de entender cuáles son las cuestiones fundamentales de la vida de la gente” puesto que “la vivienda es un derecho que facilita que se puedan ejercer otros derechos y esa es una centralidad que no hemos sabido ver”.

A la profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza no le gusta hablar de “fracaso colectivo”, pero no porque no estemos ante un gran fallo sino porque “puede ocultar que quien tenía que tomar decisiones no lo ha hecho”. ¿A quién se refiere? “Tendemos a generalizar unas políticas de culpabilización que esconden que el poder es asimétrico; hay responsables políticos y empresariales que sí tienen en sus manos hacer cosas que no se han hecho”, responde.

Lo que sí rechaza de plano Monge es que el debate sobre el asunto esté evolucionando hacia una polarización. “Ese concepto no describe bien lo que pasa porque no hay dos extremos que crecen en posiciones opuestas, sino un incremento de la ultraderecha”. Esta llega “con planteamientos revisionistas de la historia” basados en “una retroutopía que describe un pasado idealizado que nunca existió”. Aunque la politóloga afirma que los ultras “no tienen una alternativa real que oponer”, como demuestra el hecho de que, en los ayuntamientos donde gobiernan o tienen influencia, la situación es la misma que en todas partes.

Desigualdad creciente

Una oportunidad perdida en el pasado y un futuro preocupante. La economista Clara Martínez-Toledano, profesora adjunta en el Imperial College de Londres, cree que el fracaso para proveer vivienda asequible a muchas familias obliga a mirar a la crisis de 2008: “Las políticas públicas tuvieron la posibilidad de hacer algo a partir de entonces para prepararnos, y se ha hecho más bien poco”, critica. “Está claro que ha habido un fallo y eso tiene consecuencias para las nuevas generaciones, porque las anteriores sí pudieron acceder a una casa de manera más fácil”, agrega.

Las consecuencias que evoca la también investigadora del Real Instituto Elcano apuntan a un futuro con mayor desigualdad: “Las desigualdades intergeneracionales van a aumentar mucho, y aunque dos jóvenes no puedan acceder hoy a una vivienda, si los padres de uno tienen una casa y los otros no, eso va a generar mucha desigualdad”. Será un mundo en el que “dependiendo de la familia de la que vienes, tienes una opción u otra”, relata Martínez-Toledano, que recuerda que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de casas crea “un círculo vicioso” en el que “no hay, como en otros problemas económicos, alguna política paliativa a corto plazo”.

Indefinición política

El político Joan Clos, exalcalde de Barcelona, exministro, exdirector el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), acaba de sacar un libro en el que plasma sus reflexiones sobre un problema “muy difícil de resolver si no hay un pacto nacional”. Por tanto, cree que la situación nos habla de “confrontación partidaria”, pero también de una indefinición por parte de la clase política: “Hay que dejar claro qué queremos hacer con la vivienda y si es un derecho aspiracional como la felicidad o exigible como la sanidad”.

Siguiendo ese razonamiento, la reflexión abarca el propio sistema de protección social. “Si la política de vivienda se concibe como un quinto pilar del Estado de bienestar necesita un diseño económico, financiero y fiscal”, opina Clos. Pero hasta ahora “nadie ha dicho qué paga el Estado y qué pagan las autonomías, que tienen la competencia, alrededor de la vivienda protegida”. De esa omisión, “al no haber una contabilización real de lo que cuesta”, surgen “fantasmas” y “algunos creen que esto puede quebrar el Estado por poco que se haga, lo que no es cierto”.

Lenguaje polarizado

La economista Carme Trilla lleva décadas en contacto con el mundo de la vivienda social y asequible. Lo ha hecho como gestora pública, como investigadora y ahora como presidenta de la Fundación Hàbitat3, que hace semanas saltó a los medios por entrar en la operación de compra de la Casa Orsola de Barcelona. Para ella, la crisis de la vivienda nos habla, en primer lugar, de una emergencia internacional: “La crisis es mundial y tiene componentes que se les escapan incluso a los países que han sido más diligentes”, lanza.

Pero la situación también revela “un sustrato de mayor debilidad en España”. “El hecho de que la vivienda no esté realmente integrada dentro del Estado de bienestar como lo están la salud o la educación la ha dejado en manos del mercado privado y libre”, analiza la experta. Y eso ha provocado “un comportamiento inflacionista de los precios inmobiliarios que los aleja de la capacidad económica de las familias”.

Trilla considera que “nos ha faltado previsión”. Una carencia que sigue vigente: “Falta pedagogía sobre cuáles son las razones de lo que está pasando y de ahí que estemos viviendo una polarización entre quienes consideran, con una visión liberal, que no se tiene que hacer nada y los que sí”. Esa dualidad se está trasladando al lenguaje, con conceptos como el de “rentista” o el de “inquiokupa”. “Se crean unas categorías que solo sirven para la confrontación y no para resolver nada”, reflexiona la economista, “en lugar de entender las bondades que tienen cada una de las funciones, la de arrendador y la de inquilino”.

Confundidos con la okupación

Seguramente la actual crisis de vivienda también exponga una falta de medios en la Justicia, pero Diego Gutiérrez, miembro del Secretariado de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, cree que “la causa no está en la Justicia sino en los poderes públicos”. Desde ese punto de vista, la situación actual también puede observarse como un deber incumplido. “Si nuestra Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, los poderes púbicos deberían intentar garantizar ese derecho y seguramente no han hecho los deberes”, reflexiona.

Al juez le preocupa también la confusión en torno a algunos términos que forman parte del día a día de muchos tribunales. “Una cosa es okupar entrando en una casa con una patada en la puerta y otra lo que se llama inquiokupacion, que son inquilinos que dejan de pagar e igual están en situación de vulnerabilidad”, aclara. “Hay que distinguir las distintas situaciones para no caer en errores, pero todo tiene una respuesta procesal”. La crisis actual para muchos es sinónimo de confusión o miedo. Y Gutiérrez aboga por “trasladar al debate público que la okupación es un problema puntual y que el verdadero problema que hay que abordar es el de los precios de alquiler y compra”.

De viviendas y lavadoras

Para el arquitecto Santiago de Molina, director de la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo, la actual crisis de vivienda es “extremadamente compleja” porque, entre otras cosas, se superpone a la crisis demográfica, a los salarios, a la migración o al alquiler turístico”. Por eso cree que “las soluciones fáciles están condenadas al fracaso”.

De Molina cree que la arquitectura puede hacer una aportación y “paliar algunos problemas con imaginación y técnica”. Pero admite que “no puede resolver la situación en solitario”, especialmente cuando “la presión del mercado tiende a ofrecer productos muy ajenos a las soluciones arquitectónicas”. “Necesitamos respuestas que escapen al marco habitual, que cuestionen la idea de que la vivienda debe ser idéntica a la de generaciones pasadas”, desarrolla. Y advierte: “No hablo de precarización ni de reducir el tamaño, sino de encontrar soluciones creativas sin comprometer la dignidad de lo que significa una vivienda”.

La escasez de vivienda, defiende el arquitecto, nos habla en cierta manera de una falta de imaginación para encontrar otra forma de construir y diseñar casas. “El estándar actual es mucho más uniforme y monótono que el de otros productos, la vivienda sigue encorsetada en un puñado de modelos repetidos hasta la saciedad”, asegura. Y sostiene que “hay más modelos de lavadoras que de viviendas”. Pero a pesar de ello su visión de futuro es forzosamente positiva: “Hay esperanza, pero no por simple optimismo”, dice, “no hay alternativa porque no tenemos más remedio que buscar soluciones creativas a problemas complejos”.